Fernando de la Cuadra - Março 2006

Sólo hay que certificarlo. La administración Lagos esta terminando con una alta aprobación y el propio Presidente goza de una excelente popularidad al término de su mandato (75%). Es casi un lugar común apuntar que el triunfo de Bachelet el pasado 15 de enero es tributario de este alto índice aprobatorio por parte de los ciudadanos.

No haremos un examen pormenorizado de los éxitos del gobierno, pero es bueno puntuar algunos de sus logros más significativos. En estos 6 años de mandato -el tercer periodo de gobierno de la Concertación- la economía del país se ha recuperado satisfactoriamente después de la crisis de fines de los noventa, con un crecimiento sostenido del PIB en los últimos años, alcanzando el 6% en 2005 y con proyecciones de crecimiento de un 5.5% para el presente año.

Chile ha firmado tratados de libre comercio con importantes socios comerciales: Estados Unidos, Unión Europea y China. En cuanto a infraestructura, muy probablemente este gobierno sea recordado como el que realizó los mayores avances en la red vial, en los transportes y en las telecomunicaciones. Entre ellos destaca la puesta en circulación del Transantiago, el programa más ambicioso de organización del transporte urbano conocido hasta ahora en el país: cientos de buses articulados, dos nuevas líneas de metro, decenas de kilómetros de autopistas que cruzan o circunvalan la capital Santiago. A todas luces Chile es un país bastante más moderno que hace una década atrás. En el ámbito social se reconocen los esfuerzos del gobierno por disminuir el porcentaje de familias en situación de pobreza e indigencia a través de un basto conglomerado de políticas sociales y la creación de instituciones "ad hoc" como Chile Solidario, Chile Barrio, Servicio País o la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza [1].

Y sin embargo, hasta el propio Presidente Lagos reconoce que quedaron importantes compromisos en el tintero. Representantes del gobierno están conscientes de que no es posible dejarse llevar por una especie de placentera autocomplacencia a la que se ven tentados algunos políticos de la Concertación y funcionarios del aparato gubernamental.

Por lo mismo, un balance ponderado del Gobierno Lagos debe considerar que a pesar de todo lo realizado en términos de política económica, superávit fiscal, estabilidad macroeconómica, integración y acuerdos de libre comercio, infraestructura, innovación tecnológica, etc., el gobierno quedó en deuda en muchos aspectos que fueron objeto de promesas de la campaña presidencial de 1999. Quizás la más evidente y reconocida por todos los sectores, sea la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza que sigue imperando en el país, a pesar de que se ha conseguido reducir el porcentaje de familias bajo la línea de pobreza.

En otro ámbito, una preocupación transversal a todos los partidos y agrupaciones sociales, dice relación con el tema de la llamada crisis de la participación ciudadana o inercia social que viene afectando a vastas parcelas de la población.

En una reciente investigación realizada por la Red Interamericana para la Democracia se concluye que el 56% de los chilenos no participa en ningún tipo de organización. De aquellos que participan, la mayor parte (29%) lo hace en una sola organización. Y de aquellos que lo hacen en una o más organizaciones, el 34% lo hace en grupos religiosos, el 22% en clubes deportivos y sólo un 2% en partidos políticos.

Cuál podría ser el origen de esta escasa participación en un país que hace pocas décadas representaba un modelo de participación cívica y política para la región? Ella refleja fundamentalmente la falta de interés, la desmotivación o el egoísmo de las personas o es más bien la escasez de tiempo, la desconfianza o el miedo de intervenir en asuntos públicos?. En primer lugar, este fenómeno complejo posee diversas lecturas y dimensiones que están interaccionando y que aquí trataremos de pensarlo a partir de tres claves interpretativas.

Por una parte, esta situación de apatía es comúnmente explicada en América Latina como una herencia "exitosa" de la ideología pregonada por los regímenes militares. Es el triunfo de la permanente campaña en torno al desprestigio de la política y de los políticos como una actividad desprovista de una ética del bien común y el servicio público. La política es vaciada de su contenido propositivo y transformador y reducida a una actividad de sujetos en busca de poder y beneficios pecuniarios individuales. Esta dimensión ampliamente difundida por dichos regímenes se fusionó con el ideario individualista de las sociedades contemporáneas. En la actual coyuntura de un mundo altamente competitivo, los sujetos son prácticamente empujados a movilizarse por asuntos puramente privados, que restringen su acción cotidiana a una lucha por la supervivencia personal y de su grupo familiar. El trabajo, la estabilidad laboral, la mejoría en las condiciones de vida a través del consumo y el endeudamiento, son verdaderas trampas que recluyen a los actores a proyectos de corto plazo alejados de cualquier perspectiva colectiva. La inercia se debe en realidad a las restricciones impuestas por la propia estrategia de supervivencia desplegada por los ciudadanos-consumidores, que impide a las personas a involucrarse en cuestiones de interés público.

A este escenario, se agrega un tercer factor que se suma al desprestigio de la política, pero con otro signo, que es la defensa de la institucionalidad y de la estabilidad democrática. Ella, por una parte, supera los traumas autoritarios del pasado ("aprendizaje doloroso") y, así se afirma, permite una reinserción privilegiada de nuestro país en el concierto internacional. En este sentido, la insuficiente participación puede ser entendida en gran parte como un producto del desmedido celo puesto por el gobierno en torno a esta especie de sacralización de la gobernabilidad. Esta preocupación por la capacidad gubernativa no tiene un enfoque de cuño conservador como el esgrimido por Huntington hace ya casi cuatro décadas [2].

La gobernabilidad que emerge en este caso, posee más bien un sentido resolutivo. El gobierno se ha dedicado a resaltar que los problemas de la población son en su gran mayoría cubiertos por los órganos competentes de la máquina del Estado. Parece como si todas las demandas de la ciudadanía pudieran ser resueltas por un gobierno "legitimo y eficiente", que no requiere de movilizaciones de la sociedad civil. En tal caso, para algunos personeros de gobierno -como el Ministro de Hacienda- las presiones realizadas por los movimientos sociales podrían afectar tanto las finanzas públicas como el buen desempeño de la economía, y en consecuencia ejercer un impacto directo sobre el índice de riesgo-país. Así colocada la cuestión, resulta una suerte de falso dilema entre la satisfacción de necesidades inmediatas y la participación ciudadana, puesto que no es necesaria esta última, si las carencias y aspiraciones de las personas son abordadas con antelación por cuadros técnicos de alta competencia dedicados a resolver las aspiraciones de la gente.

Por tanto, la principal preocupación del Estado parece dirigirse a la sustentación de la capacidad de gobernar estimulando a los movimientos sociales a mantener un bajo perfil en su demanda o acción contestataria. A diferencia de la noción conservadora, en este caso no existe ninguna intención de limitar la expresión de dicha demanda. Pero, ahora se recalca el carácter impropio que ella posee, en virtud de la capacidad que tiene la autoridad de anticiparse a las necesidades del pueblo y de esa manera ofrecer las soluciones más rápidas y adecuadas a cada situación particular. Así, el gobierno esta premunido de equipos de expertos y de un conjunto de estudios que permiten abordar con efectividad y eficiencia, las carencias y necesidades que aquejan a la población. Es la manifestación más perversa de las buenas intenciones. Tal parece que el carácter de la inclusión democrática de la ciudadanía se restringiera a su credencial de "beneficiarios" de programas sociales, donde la dimensión política de la ciudadanía queda reducida a su apelo social y por esa vía satisfecha plenamente.

Aunque en el discurso oficial el gobierno central reconozca la importancia de la participación ciudadana, en los hechos ella es muy reducida. En el papel, se señala que los ciudadanos deben participar activamente en la ejecución de los diversos programas y proyectos, que los sistemas de control y de prestación de cuentas de las autoridades representan un componente fundamental de la democracia o que no se puede construir democracia sin la ingerencia de los ciudadanos, pero en la realidad el gobierno no ha estimulado bajo ninguna circunstancia la participación efectiva, - y muchas veces incómoda - de las personas en las diversas arenas donde ella se debe expresar. En rigor, la autoridad más bien ha propiciado el desanimo por parte los actores para representar sus intereses.

Al final, existe una especie de gobernabilidad hipertrofiada que termina siendo una verdadera coartada para los apóstoles del "orden institucional", instalando un énfasis desmedido en el funcionamiento de las instituciones democráticas como garantes del consenso social. Vis-à-vis, la abdicación del conflicto como parte estructurante de la sociedad enuncia, sin mayores artilugios, la desconfianza que alberga el gobierno Lagos en la capacidad que tienen las personas y las organizaciones de ejercer reflexivamente su derecho a la participación e influir en las decisiones políticas que afectan su propio destino. Tal como proclamado durante la campaña de la candidata del oficialismo, este -junto con la equidad- es uno de los más importantes desafíos a ser encarado por el cuarto gobierno de la Concertación.

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Fernando de la Cuadra é sociólogo e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Jesuíta Alberto Hurtado.

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Notas

[1] Chile Solidario es un sistema de protección social para apoyar a las familias más pobres; Chile Barrio esta destinado a mejorar las condiciones de la vivienda y su entorno en asentamientos precarios; Servicio País es un programa en el cual profesionales jóvenes voluntarios se instalan durante un determinado tiempo en zonas rurales y pobres del país.

[2] Resumidamente, para este autor, la estabilidad política de un país se rompe al no existir una institucionalidad capaz de soportar el nivel creciente de demandas que realizan diversos actores sociales y políticos. Dicha institucionalidad acaba siendo sobrepasada por quienes irrumpen con nuevas reivindicaciones en el escenario nacional, llevando al colapso del sistema democrático. De esta forma, el problema de la gobernabilidad de la democracia apunta necesariamente a la restricción que el sistema debe imponer a sus ciudadanos, para que los decurrentes "excesos" expresados sean debidamente controlados y limitados por la autoridad estatal.

Fonte: Especial para Gramsci e o Brasil.