Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, periodistas franceses, fueron detenidos en Collipulli, IX Regi贸n, mientras realizaban un documental sobre la situaci贸n del pueblo mapuche. Los documentalistas acompa帽aban al werken (vocero) de Temucuicui, Jorge Huenchullan, al Ministerio P煤blico a cumplir medidas cautelares decretadas por el tribunal. Sin indic谩rseles motivos de su detenci贸n se les traslad贸 a la Comisar铆a de Collipulli, y luego fueron derivados al Cuartel de Investigaciones de Angol. La polic铆a requis贸 sus equipos de filmaci贸n y cintas.
La comunidad de Temucuicui ha denunciado desde hace a帽os ser objeto de violencia policial, allanamientos masivos sin orden judicial y persecuci贸n de sus dirigentes, situaci贸n informada a las autoridades y la CIDH. S贸lo hace un mes el periodista Marcelo Garay Vergara, de La Naci贸n, fue detenido y formalizado por "des贸rdenes", luego de ser golpeado tras asistir a los funerales del mapuche Mat铆as Catrileo, asesinado por Carabineros durante la toma de un fundo.
Varios periodistas y fot贸grafos han denunciado ser objeto de golpizas y amenazas por parte de la polic铆a, entre ellos el gr谩fico Jorge Z煤帽iga y los j贸venes vide铆stas de Indymedia y otros medios de comunicaci贸n independientes.
La libertad de expresi贸n en Chile sigue de manos atadas. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago desestim贸 una querella presentada por el ex militar y represor de la dictadura de Augusto Pinochet, Edwin Dimter, contra quienes lo evidenciaron como el responsable del asesinato del cantautor comunista V铆ctor Jara, ocurrido el 14 de septiembre de 1973.
Edwin Dimter trabaj贸 por a帽os, luego del retorno de la "democracia" en una repartici贸n estatal dependiente del Ministerio del Trabajo. S贸lo fue despedido tras las denuncias publicadas por internet. Dimter se querell贸 contra los periodistas Julio Oliva y Pascale Bonnefoy por injurias y calumnias. El titular del 7潞 Juzgado de Garant铆a de Santiago, Cristi谩n S谩nchez, finalmente descart贸 la querella al considerar que los argumentos expuestos en ella no constitu铆an delito alguno, seg煤n los tratados internacionales vigentes.
Pero otro criterio prim贸 en la condena al redactor Arnaldo P茅rez Guerra por la jueza subrogante del mismo tribunal, Cecilia Past茅n. Arnaldo P茅rez Guerra fue condenado, a principios de enero de 2008, a 61 d铆as de prisi贸n menor m谩s el pago de una multa por un delito de "calumnias" en un art铆culo - Un abogado del PC que estafa a los trabajadores -, publicado por la web La Insignia de Espa帽a en diciembre de 2006 y difundido en publicaciones de internet.
La Insignia public贸 dicho art铆culo d铆as despu茅s de que tres trabajadores se querellaron contra el abogado Jaime Gajardo Falc贸n por los presuntos delitos de "estafa, apropiaci贸n indebida y prevaricaci贸n". La nota se bas贸 en las afirmaciones de los sindicalistas Ra煤l Aguilar, Emilio Jaque y Eliana Ferrada - as铆 como del asesor legal Cristi谩n Hidalgo y del tambi茅n abogado Patricio Mora -, quienes acusaban a Gajardo de "no pagarles el dinero de sus indemnizaciones".
Dicha causa, en abril de 2007, fue sobrese铆da y cerrada definitivamente. Seg煤n la fiscal Giovanna Herrera "el dinero de los trabajadores fue repartido tal cual fue acordado en asambleas quincenales que manten铆a el imputado con ellos, siendo s贸lo los querellantes los que no recibieron dinero debido a que renunciaron a ello, por lo que no se presenta ni el enga帽o ni la apropiaci贸n necesarias para que se configuren los delitos de apropiaci贸n indebida, estafa. Por otra parte la conducta del imputado no coincide con ninguna de las conductas t铆picas del delito de prevaricaci贸n".
Sin embargo, los sindicalistas mantienen que jam谩s renunciaron a su derecho a indemnizaci贸n, que no llegaron a recibir citaciones para asistir al juicio, ni tuvieron ocasi贸n de ratificar sus denuncias. Su causa se cerr贸 y ning煤n abogado interpuso recurso alguno. Con la resoluci贸n de sobreseimiento, el abogado Gajardo se querell贸 por injurias en contra de los trabajadores, los asesores legales de 茅stos y quienes publicaron el caso.
"Escrib铆 un art铆culo en diciembre de 2006, antes de que existiera una resoluci贸n definitiva en el caso y, sin embargo, fui condenado. Los trabajadores siguen reiterando su denuncia. Pienso que esto nunca debi贸 salir de los cauces de la informaci贸n. Es algo completamente ins贸lito. Los trabajadores a煤n no han sido escuchados por alg煤n tribunal. Sus abogados dejaron morir la causa y los dejaron en la m谩s completa indefensi贸n legal", dijo Arnaldo P茅rez a La Insignia.
Otro caso que evidencia la precariedad de la libertad de expresi贸n en Chile es el que afecta a los trabajadores sindicalizados de El Siglo, semanario del Partido Comunista, en huelga desde el 2 de octubre de 2007. La empresa sigue editando el peri贸dico con trabajadores no sindicalizados. Los trabajadores Jorge Z煤帽iga, Magdalena Mu帽oz, Jorge Texier, Eliana G贸mez, Ana Muga, Ra煤l Blanchet y Julio Oliva denuncian que la empresa mantiene un comportamiento hostil y difama constantemente al sindicato y sus dirigentes. No los reconoce como trabajadores ni admite la existencia legal del sindicato.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechaz贸 los recursos presentados por Editorial Siglo XXI, editora de El Siglo, que pretend铆an anular los dict谩menes de la Direcci贸n del Trabajo. La empresa apel贸 y, finalmente, la Suprema le dio la raz贸n se帽alando que los trabajadores deben concurrir ante un tribunal competente, que es el Tribunal del Trabajo.
La huelga, pr贸xima a cumplir seis meses, se mantiene en medio del silencio de los dem谩s medios de comunicaci贸n. La Suprema se ha inclinado a favor de los empresarios en 茅ste y otros fallos. En materia de subcontrato y relaciones contractuales la Corte Suprema ha intervenido en perjuicio de los trabajadores, pasando, incluso, por sobre el derecho laboral internacional.
